CENTRO DE DERECHOS INDIGENAS A. C.

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CONTEXTO

Problemática y Análisis

Existen varios problemas a tratar en la región como lo son: el reconocimiento de lo derechos colectivos indígenas, la tendencia a la privatización de los recursos naturales, por medio de programas y políticas públicas y por medio de exclusión del cual son objeto las comunidades de la zona, lo cual induce a la migración, la existencia de guerra, producto del conflicto armado del ejército Zapatista de Liberación Nacional y del ejército federal y los persistentes conflictos agrarios agravados por la reforma del artículo 27 constitucional con lo que se posibilita la privatización de tierras colectivas.

Migración y Abandono del Campo

Chiapas es el estado de la República con más superficie agrícola cosechada en el país; sin embargo, dentro de las cinco regiones de México, la del Sur- sureste a la cual pertenece Chiapas, es la que registra el menor ingreso neto por hogar, siendo éste de $2,740 dólares por hogar al año en promedio. La imposibilidad de sostener una familia con el producto del trabajo agrícola y la falta de empleos remunerados en la región, ha ocasionado la migración de miles de chiapanecos a otras regiones del país y a Estados Unidos. Anualmente emigran a Estados Unidos 200 mil chiapanecos, por lo que se estima que el 10% de la población estatal se ha ido a este país; este hecho vulnera los derechos de la población de la región, al no permitirles desarrollarse en su entorno y obligándolos a abandonar su tierra de origen con el consecuente efecto en el medio ambiente y en la preservación de la cultura indígena maya.

Pobreza Indígena

La mayoría de la población de la región de Chilón pertenece al grupo étnico lingüístico del Tseltal Maya. Chilón es uno de los municipios del país catalogado con un índice de marginación “Muy Alto” por la Secretaría de Desarrollo Social. La mayoría de las familias de la región no cuentan con los servicios básicos de educación, salud y vivienda digna. El nivel de alfabetismo es de 53.3%, lo cual deja rezagada a la región frente al nivel del estado de Chiapas que es de 77%, y mucho más rezagado frente a la media nacional de 90.5%. Una gran mayoría de la población sólo habla la lengua Tseltal y son sobre todo las mujeres las que se registran como monolingües. Sobre el acceso a servicios de salud, el INEGI arroja que en Chiapas sólo 17.6% de la población es derechohabiente de servicios médicos, dejando al estado en el último lugar a nivel nacional en tener acceso a este servicio. Sobre los servicios de vivienda en Chilón, en el censo del año 2000 se obtuvo que un 81% de la población no contaba con drenaje, el 38% carecía de electricidad y un 27% no contaba con agua entubada. Las enfermedades más comunes de la región son las infecciones intestinales y respiratorias, los dolores de cabeza, la gastritis, el alcoholismo, los tumores malignos, las diarreas, la tuberculosis y la anemia. El ingreso económico de las familias Tseltales de la región, depende de la cafeticultura, actividad poco redituable ya que el precio del café es muy irregular y en ocasiones baja tanto que se cuestiona la viabilidad de continuar con esta actividad como medio de subsistencia, por lo que se ha dado el abandono de cafetales o bien la sustitución de estos por milpas, con el consiguiente deterioro ambiental.

Proceso de Paz

En la región existe desde 1994, un conflicto armado todavía no resuelto entre indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal junto al Ejército. La región de trabajo continúa siendo una zona de alta conflictividad por la presencia de diferentes organizativos tensionado además por la presencia de grupos paramilitares, enfrentados por problemas de tenencia de la tierra y/o de los recursos naturales. En su momento, la victoria del Presidente Vicente Fox, creó falsas esperanzas de reactivación del proceso de negociación para una reforma constitucional en materia indígena. La ley indígena, aprobada en abril de 2001 por el Congreso de la Unión, resultó ser una ley que eliminaba una parte sustancial de los contenidos de los Acuerdos de San Andrés. Asimismo, el Congreso del Estado de Chiapas aprobaría una Ley sobre Poblaciones Indígenas aún más restrictiva que la presentada por el Presidente Fox en su momento, lo cual paralizó el diálogo una vez más dentro del estado. Actualmente, ni el Congreso de la Unión ni el Congreso de Chiapas han reabierto el debate sobre una reforma constitucional en materia indígena, en la que se establezca claramente la personalidad de estos pueblos como sujetos activos en el ejercicio de sus derechos colectivos y no como entidades de interés público, que es como se les ha denominado hasta ahora. Hoy, los municipios Autónomos Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno, representan formas de autogobierno y de impartición de justicia local de acuerdo con lo planteado en los acuerdos de San Andrés, creando diversos procesos organizativos, sociales, culturales y económicos, que apuestan por una alternativa de desarrollo más apegada a la realidad que viven estos pueblos.

Militarización

Lejos de reducirse, la ocupación militar en la zona de conflicto en Chiapas se ha incrementado en el periodo presidencial de Vicente Fox. que ha despojado de tierras a poblaciones indígenas vía adquisiciones y decretos expropiatorios -plagados de violaciones a la Constitución y al derecho internacional- para entregarlos al Ejército Mexicano, ya que antes de expropiarlos, los predios son ocupados. Actualmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) cuenta con 114 posiciones militares permanentes en esta entidad (sin contar los campamentos castrenses de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula). 91 de los 114 se encuentran en territorios indígenas y 40 son predios "ocupados y no expropiados", violando con esto la Ley Agraria, además de crearse campamentos en parcelas e instalaciones escolares. En total el Ejército dispone de 4 mil 976 hectáreas.

Recursos Naturales

En el año 2004, el estado de Chiapas realizó el proyecto de “Ley para la Conservación de la Biodiversidad y la Protección Ambiental del Estado de Chiapas sin la debida consulta a los pueblos indios, como se establece en el Convenio 169 de la OIT, siendo que esta Ley afecta directamente a los intereses de los pueblos Indios del Estado. La ley en cuestión, parece un catálogo de servicios ambientales, toda vez que posibilita la colecta y el uso de material genético para aplicación industrial y comercial; legaliza y regula las inversiones privadas para la explotación de los recursos naturales, autoriza el uso de transgénicos y no prevé mecanismos de indemnización por la contaminación de cultivos de los mismos; por otro lado, autoriza el aprovechamiento de los recursos por parte de terceros en territorios indígenas, mediante el consentimiento de las autoridades representativas, así como el establecimiento de áreas de conservación en beneficio de intereses individuales y no colectivos. Cabe resaltar que ante el presente proyecto que sigue en discusión en el Congreso, se han levantado muchas organizaciones y comunidades en contra de la implementación de la misma. En el año 2005 fue aprobada la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados de México, también conocida como Ley Monsanto. esta ley pone en mayor vulnerabilidad a los pueblos indígenas al permitir la entrada legal de productos genéticamente modificados al país, aún cuando no se sabe con certeza las consecuencias que estos productos puedan tener sobre la salud y sobre la biodiversidad. Asimismo, esta ley funciona como arma que protege los derechos de patente de las empresas y en contra de los campesinos cuyos cultivos han sido contaminados por semillas genéticamente modificadas, aún cuando ellos no las hayan adquirido. A través de esta ley se ven obligados a pagar por la patente de las semillas, vulnerándose así su autodeterminación en cuanto a su forma de producción tradicional con semillas criollas.

Sistema Jurídico

En la región de influencia del proyecto, los usos y costumbres relativos a la resolución de conflictos comunitarios se han desarrollado a tal grado que son considerados ya un sistema, dejando de lado el concepto de usos y costumbres como un folklorismo jurídico. Este sistema cuenta con una larga trayectoria de trabajo de los cargos tradicionales y con una reglamentación definida, que sirve de base para conformar el sistema jurídico Tseltal como tal. Dentro de su reglamentación se tiene como base el interés por la armonía comunitaria como fin de toda resolución y los veredictos y penas son impuestos por los cargos nombrados por la misma comunidad para servir de jueces. Lo anterior se considera un importante avance para que el derecho indígena pueda ser considerado una rama del derecho positivo mexicano. Las comunidades de la región han valorado y alimentado su modo propio de resolución de conflictos, abonando con esto al rescate de su cultura y al reestablecimiento de la armonía comunitaria, al tiempo de evitar con esto el salir de sus comunidades, ser objeto de corruptelas, o deber cumplir condenas ajenas a su idiosincrasia.

Problemáticas según CEDIAC

a) Sistema económico neoliberal que apoya el gobierno mexicano en una relación de dependencia asimétrica con los países más ricos, negando la realidad pluricultural del país y buscando convertir a México en un país de consumidores donde entren las grandes empresas, a costa de la sustentabilidad ambiental y sin tomar en cuenta la importancia de preservar la cultura indígena y las formas tradicionales que han logrado preservarse por 5 siglos. 


b) La marginación y discriminación histórica hacia la población indígena, que aún se mantiene y no permite cambios estructurales en la situación social del país. La marginación indígena provocó el aislamiento, pobreza, desnutrición y analfabetismo de una manera más acentuada en este estrato de la población. La falta de acceso a la educación, ha llevado en ocasiones a la desinformación de los pueblos y a que acepten programas que van en contra de sus intereses y de sus derechos que como pueblos les corresponden. Esta pobreza, aunada al escaso apoyo del gobierno al campo, al bajo precio del café y a la falta de oportunidades de empleo en la región, ocasiona la migración y con esto se da la inevitable pérdida de las culturas indígenas. 


c) Falta de gobernabilidad, incapacidad y desinterés por parte del Estado Mexicano y Chiapaneco de llegar a acuerdos justos con los pueblos indígenas donde se reconozca que son sujetos activos de derecho y que exigen leyes adecuadas a su cultura; en cambio, el gobierno mantiene una guerra de desgaste integral y una política de represión a través de la militarización y paramilitarización de la zona. 


d) Desigualdad de género, esta realidad se vive en todo el país y condena a las mujeres de la región a un analfabetismo y pobreza aún más acentuadas, ya que la mujer siempre es considerada en segundo lugar en todo y es quien se responsabiliza de proveer de alimentos y cobijo a la familia, con lo que al no haber suficiente, es usual que ceda parte de lo suyo a los demás. La mujer indígena sufre una triple marginación: la que emana de ser campesina, la de pertenecer a los grupos indígenas y la que conlleva el ser mujer.

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